Pensiones por discapacidad: investigan trama de estafas

Foto ilustrativa

Detuvieron a un hombre de 50 años que decía ser abogado, dejó un tendal de damnificados a los que prometía tramitar el beneficio previo pago de 2.000 pesos. Afirmaba  tener “contactos”

Les dijo que se llamaba “Juancho”, que era abogado y que podía encargarse de tramitar pensiones por discapacidad. Este ofrecimiento no pasó desapercibido para un grupo de vecinos de esta localidad. Se contactaron con él y llegaron a entregarle dinero para la formalidad, pero todo terminó de la peor forma. Una serie de dudas de los interesados motivó una investigación que derivó en la detención del sospechoso.

Si bien no se pudo precisar desde hace cuánto andaba por Puerto Leoni y los pueblos cercanos, el hombre de 50 años había comenzado sus andanzas recorriendo los barrios y reuniendo a personas a las cuales les explicaba cómo podían acceder al beneficio.

Así reunió clientes prometiendoles gestionar una ayuda económica del Estado para los que sufrieran algún tipo de discapacidad, aunque esto tampoco era estrictamente necesario.

También les comentó que tenía contactos con médicos, los cuales podían emitir un diagnóstico que certificara que esa persona era realmente discapacitada, aunque esto no fuera verdad. Fue por eso que, según mencionaron fuentes de la investigación, se habían sumado personas que no tenían ningún problema físico, pero dada la oportunidad, iban a aprovechar para cobrar algunos pesos extra.

La gente no tenía que hacer mucho porque él se iba encargar de realizar la gestión ante el organismo pertinente. Para ello les exhibía formularios que las víctimas debían completar con sus datos. Obviamente esto tenía una tarifa inicial de dos mil pesos, con la promesa de que a los tres meses iba aparecer el primer pago del beneficio.

Para reforzar aún más el engaño, les decía que de ese primer sueldo les iba retener el 20% para completar la tarifa total de lo que salía el trámite.

Con este argumento muchos creyeron que “no se iba borrar”, si todavía le faltaba cobrar una parte de sus honorarios. Así fueron entrando más al grupo.

El “abogado” recorrió además barrios de Capioví, donde logró más clientes, pero la mentira comenzó caerse por su propio peso. Varios de los que se habían sumado (ya sea porque realmente les correspondía una pensión o porque creyeron que podían burlar el sistema) comenzaron a sospechar. El supuesto letrado nunca les había exhibido una credencial.

Varios de los que iniciaron el supuesto trámite comenzaron a atar cabos y entendieron que podía tratarse de un estafador. Se dirigieron a la comisaría y radicaron una denuncia con todos los detalles y la dirección de la “oficina” del abogado.

Efectivos de la comisaría de Leoni (UR-IX) se dirigieron a un complejo de cabañas turísticas donde estaba alojado el sospechoso. Lo primero que les llamó la atención fue que había una fila de nuevos clientes que aguardaban para comenzar el trámite. Lo segundo llamativo fue que el acusado tampoco se había tomado la molestia de darle un toque de seriedad al lugar, dado que una secretaria suya estaba atendiendo en una especie de pequeño depósito. La que recibía a los clientes era una joven que dijo ser la novia del “abogado”. Ella se encargaba de sumarlos a la lista de los futuros “pensionados”, previo cobro de los dos mil pesos. Minutos después llegó el sospechoso.

Primero dijo ser un procurador del Estado y después aseguró que era nada más de que un gestor. Luego de profundizar sus contradicciones y sin poder acreditar que era abogado, fue detenido por los efectivos.

La joven que trabajaba con él no fue detenida, pero sí informada de la causa en trámite.

El sospechoso será trasladado el lunes a los despachos del Juzgado de Instrucción de Jardín América.

En tanto, los investigadores de la UR-IX supieron que se domicilia en Eldorado. Por ello, intentan seguir el hilo de las estafas que cometió el detenido.

Buscan averiguar en qué otras localidades realizó las mismas maniobras, además de poder determinar la cantidad total de afectados. Para esto es clave un cuaderno con los nombres de los “adherentes”. El documento fue secuestrado y forma parte de las pruebas que analizará la Justicia.

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