Emergencia alimentaria: la ley podría tener un impacto fiscal de entre $4061 y $10.489 millones

Mario Negri y Emilio Monzó se reunieron con el jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Fue una reunión de caballeros: Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados; Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos; Álvaro González, jefe de la bancada de Pro, y Agustín Rossi, quien encabeza el bloque del Frente para la Victoria-PJ. En ese encuentro, los cuatro líderes parlamentarios acordaron las reglas de juego del debate sobre emergencia alimentaria que se celebrará mañana en la Cámara baja. Será una sesión corta, de pocos oradores y con ánimo de no alterar el clima político.

Estas son las reglas acordadas, aunque no se descarta que, una vez en el recinto, la discusión adquiera una dinámica propia e imprevisible. De todas maneras, un dato es cierto: el oficialismo confirmó que dará quorum y que debatirá el proyecto del FPV-PJ, el cual propone prorrogar la emergencia alimentaria hasta 2022 y un aumento del 50% en las partidas para las políticas nutricionales.

Funcionarios y legisladores de Cambiemos coinciden que esta iniciativa no implicaría, a priori, un costo fiscal demasiado elevado, pues en lo que va del año estas partidas ya subieron un 45%. A su juicio, este aumento no alterará las metas fiscales previstas para este año.

“Vamos a ir a la sesión, aunque nos parece sobreabundante aprobar una ley cuando ya está vigente la emergencia social desde 2002 -explicó el diputado Negri-. Este proyecto plantea cubrir el aumento por medio de reasignación de partidas presupuestarias, eso es importante porque no se invade la facultad que tiene el jefe de Gabinete en ese sentido”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el impacto fiscal del proyecto opositor oscila entre los $4061 y los $10.489 millones, según se interprete su artículo cuarto, el que establece el aumento del 50% de las partidas alimentarias. “Si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones. Si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones”, indica el informe de la OPC.

En el oficialismo aún no se cuantificó cuánto será el costo fiscal final de la iniciativa. De eso dependerá su actitud en el recinto. “No vamos a tolerar locuras. Nuestra prioridad es respetar el programa fiscal ya previsto”, enfatizan en Cambiemos. De todas maneras, no descartan que, durante el debate, el propio oficialismo introduzca modificaciones al proyecto opositor con el propósito de comprometer al próximo gobierno a que mantenga las alzas presupuestarias en materia alimentaria.

 

Please follow and like us:
error

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Facebook
Facebook